Ayer el alcalde de Madrid en su discurso con motivo de la inauguración de una estatua a la Legión dijo el siguiente párrafo: "En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero esta estatua se une hoy a otros reconocimientos que llevan muchos años en nuestro callejero: el barrio del Tercio en Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega, y también la que recuerda la gesta del cabo Suceso Terreros, héroe del Blocao de la Muerte en 1921, apenas un año después de la creación de este cuerpo". Pues aunque pueda parecer increíble, por eso mismo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha abierto una investigación por si la palabras de Almeida fueran punibles según la ley 20/2022 19 octubre, de Memoria Democrática.
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Se tiene que ser muy deficiente mental, muy tuercebotas o muy mala persona, para deducir algo malo en dichas palabras, solo porque parece que implícitamente Almeida se refirió al fundador de la legión Millán-Astray, aunque no fuera por su nombre, sino por recordar que el fundador de la Legión tenía una calle. Cierto que el alcalde les ha contestado muy bien: No me van a dar lecciones los que cenan con Otegui...
Después de la ley de Memoria Histórica del bobo solemne o solemne bobo, Zapatero, viene Sánchez a superar la ideologización y enfrentamiento que aquella ya llevaba para mentir tergiversar y crispar. Una vez más los políticos escribiendo la historia, usurpando la función de los historiadores, por más que el de los pelos, revueltos pero de peluquería, Bolaños, hablase de justicia y verdad.
Una ley pactada con los enemigos de España que pretende llevar hasta el 31 de diciembre del 83 la investigación, cuando ya llevábamos años de democracia; para dar satisfacción a los herederos de los terroristas, a Bildu. Una ley donde las víctimas del terrorismo no se mencionan, donde muchos asesinatos no son contados, donde se expone un enfrentamiento entre dos bandos, uno bueno y el otro malo, cuando todos sabemos, sin entrar en detalles; que hubo de todo y mucho en ambos lados.
Tal vez de lo que se trata, más que de cualquier otra cosa, es de reabrir el debate guerra-civilista, para tapar las vergüenzas de un gobierno lleno de irregularidades, incompetencias y fraudes a la ley, que pretende que la única memoria democrática es la suya y por eso impone sanciones que van hasta los 150.000 euros. Un bodrio legal, una bazofia de la historia. !Que se puede esperar de un gobierno que legisla que el rezo ante una clínica abortista es delito! Es lo que hay.
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