En 1883 se
promulga la Ley de accidentes de trabajo, en 1908 se crea el Instituto Nacional de
Previsión que gestiona una serie sistemas de seguros que van surgiendo: Retiro Obrero 1919, Seguro Obligatorio de Maternidad 1923, Seguro de Enfermedad 1943, Seguro
Obligatorio de Vejez e invalidez (antiguo SOVI) 1947, en 1961 nace la primera Ley Nacional contra el Desempleo. El paso de esos seguros a uno total se logra con la que
se puede llamar la piedra angular del edificio de protección social: la Ley de Bases de la Seguridad Social de
1963, modificada y ampliada en 1972 que fue la que rigió hasta la llegada de la democracia en 1977 con
la publicación de un libro blanco y la creación del ministerio de Sanidad y Seguridad
Social.
Hay dos forma de abordar la financiación de la Seguridad Social: capitalización y reparto. En el primero cada trabajador va aportando sus fondos
a una hucha que el estado le va guardando y que le irá reintegrando cuando
llegue su retiro u otra contingencia. En el sistema de reparto los trabajadores
en cada momento cotizan para cubrir los
gastos y también las pensiones de los mayores, los que vengan detrás
contribuirán para pagárselas a estos. Es por lo tanto un modo de solidaridad
intergeneracional.
Así pues la
implantación de una protección a nivel
estatal para la población viene de hace ya unos cuantos años, no es algo que
nos hayan traído como novedad ningún preboste, ni partido, como nos afirman a
veces, si bien es cierto que todos con
sus gobiernos han intentado mejorarlo en cada caso. Esas mejoras, como es lógico, incrementan el
gasto y surge el problema de la financiación.
Hasta hace pocos años había tres trabajadoras por cada pensionista, ahora
hay dos por jubilado, parece que la tendencia para unos años vista es un trabajador
por cada retirado y entonces es cuando con el actual sistema de reparto surge el
problema y van apareciendo las más variopintas ocurrencias para intentar
solucionarlo.
La Ministra
Bañez apuntó el otro día la posibilidad de que en un futuro próximo los
trabajadores al jubilarse puedan seguir trabajando y cobrando íntegramente su
pensión, cosa que actualmente se puede hacer cobrando la mitad de la paga, algunos, especialmente los de profesiones más llevaderas con los años, la han aplaudido y otros se la han tirado a la
yugular como el Secretario del UGT que ha tachado la iniciativa como una broma
de mal gusto.
Si tenemos en
cuenta que las pensiones nacieron como una forma de protección y sustento del
trabajador para cuando cesara su remuneración por el trabajo, evidentemente es contradictorio que se pague
dicha prestación a quien sigue trabajando. Por otra parte dada la precaria
situación de las arcas de la Seguridad Social, conviene incentivar para que
haya la mayor cantidad de gente posible dada de alta y cotizando. Claro que
esto también puede tener un problema añadido: esos trabajos que harían los que
ya están cobrando su pensión podrían ir
en detrimento, no sabemos hasta qué punto, en el aumento del paro juvenil.
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